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 Cuando
todo parecía haber concluido en el sonado caso de biopiratería
de un fríjol al serle revocada una patente que obtuvo
un estadounidense que alegó haberlo 'inventado', se
supo que este personaje apeló tal decisión,
pero de nuevo fue derrotado en los estrados judiciales.
El pasado 10 de julio, la Corte de Apelaciones del Circuito
Federal de Estados Unidos ratificó la decisión
de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO)
y falló de nuevo a favor de los campesinos latinoamericanos
—los verdaderos dueños del fríjol—
representados por el CIAT.
Este nuevo fallo confirma —por quinta vez— lo que
el CIAT ha demostrado desde que se concedió la controvertida
patente en 1999, que el fríjol en disputa —conocido
por los mexicanos como Mayocoba o azufrado, por su color amarillo—
es un legado ancestral originario del Perú.
El CIAT es una organización sin ánimo de lucro
con sede en Palmira (Colombia) y que cuida la mayor reserva
de frijoles en el mundo, con 35.000 variedades, y que están
disponibles para la humanidad.
El supuesto 'inventor' del fríjol es Larry Proctor,
quien lo denominó "Enola", en homenaje a
su esposa; para la Oficina de Marcas y Patentes de Estados
Unidos simplemente se trataba de la patente #5,894,079.
La historia comenzó en 1994 cuando Proctor compró
un paquete de frijoles amarillos en México y los sembró
en una propiedad suya en el condado de Montrose, Colorado.
Dos años después presentó una solicitud
de patente para su uso exclusivo en su país. En abril
de 1999 obtuvo la patente que le daba derecho a utilizar el
fríjol de manera exclusiva por 20 años, y enseguida
inició un juicio contra dos empresas mexicanas que
exportaban dicho fríjol a los Estados Unidos, y contra
16 empresas y agricultores de Colorado, alegando que estaban
violando sus derechos.
El CIAT decidió formular oficialmente una solicitud
de revisión de la controvertida patente, contando con
el respaldo del Grupo Consultivo para la Investigación
Agrícola Internacional (CGIAR)
y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO).
"Desde un comienzo tuvimos dudas sobre dos puntos fundamentales
de dicha patente: nunca hubo innovación en el producto
ni tampoco sobre el proceso de mejoramiento", dijo Daniel
Debouck, especialista en recursos genéticos del CIAT
y responsable del Banco de Recursos Genéticos.
Con pruebas científicas, los 15 puntos iniciales expuestos
por Proctor fueron refutados por el CIAT, que tildó
de "expropiación" lo que se hizo con ese
fríjol a los campesinos mexicanos y que violó
los derechos soberanos de ese país sobre sus recursos
genéticos, tal como lo reconoce el Convenio de Diversidad
Biológica de Naciones Unidas.
En el 2003, la USPTO falló a favor de la apelación
del CIAT, pero inmediatamente los abogados de Proctor interpusieron
otra acción de revisión adjuntando 43 nuevos
puntos para exigir que se le respete la patente.
Durante todo este tiempo, Proctor hizo cumplir su patente.
Según fuentes del gobierno mexicano, en cierto momento,
el reclamo hecho por el titular de la patente de que se le
pagara US$0.6 por cada libra de fríjol amarillo vendida
en los Estados Unidos hizo que se desplomaran las exportaciones
de dicho producto de México a los Estados Unidos.
La disputa jurídica desde entonces fue lenta, y en
cinco oportunidades la USPTO le dio siempre la razón
al CIAT. La última ocurrió el 30 de abril de
2008, al revocar la controvertida patente. Sin embargo, de
nuevo Proctor recurrió ante una instancia superior:
la Corte de Apelaciones del Circuito Federal.
El pasado 10 de julio, esta Corte ratificó el falló
de la USPTO. ¿Será el fallo definitivo? Dentro
del sistema jurídico estadounidense, Proctor puede
apelar ante la máxima instancia, la Corte Suprema,
pero los expertos creen que volverá a perder. "No
tiene bases para debatir las pruebas que el CIAT aportó",
dice Debouck.
Todo esto ha generado preocupación entre los científicos
del Centro, ante el temor de que se siente un precedente que
pondría en riesgo el acceso público al germoplasma
vegetal de muchas plantas que es conservado por el CIAT y
otros centros de investigación por un convenio con
la FAO y que le pertenece a la humanidad.
"Este caso sigue enviando mensajes fuertes a América
Latina, para que estemos alertas contra la biopiratería",
dijo Ruben Echeverría, Director General del CIAT. "Ya
se han dado otras situaciones parecidas, y ante ello, es nuestra
responsabilidad proteger la riqueza viva de los países.
El CIAT seguirá impidiendo la acción de los
piratas", concluyó.
Contacto: Daniel Debouck (d.debouck@cgiar.org),
Jefe de la Unidad de Recursos Genéticos, CIAT. Tel.
(+57 (2) 4450000 (ext. 3039).
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